El proceso 8000 fue el proceso judicial emprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali. El material se encontraba inactivo a pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al Congreso habrían recibido aportes económicos de origen ilícito. A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del presidente Samper. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.

El proceso 8.000 fue el eje sobre el cual giró el gobierno de Samper, sobre el cual queda el sinsabor histórico de la condena de los máximos jefes de su campaña, pero la declaratoria de "ni culpable ni inocente" manifestada por la Comisión de acusación del Senado colombiano, al referirse a la responsabilidad directa de Samper sobre dicho el delito, responsabilidad que como tal no quedó resuelta en el fallo de la comisión, al precluirse el proceso sin presentar autoría o responsable del mismo. Años después el expresidente César Gaviria ha sido señalado por el expresidente Andrés Pastrana de ser el eslabón perdido del proceso 8.000» refiriéndose al favorecimiento que Gaviria realizó sobre Samper al desconocer pruebas que el mismo Pastrana le entregó directamente durante la campaña presidencial, pruebas que luego configurarían el caso de la financiación de la campaña "Samper Presidente" por parte del Cartel de Cali.^[1]​